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Cura o enfermedad

Si bien es cierto las atrocidades en la administración pública descubiertas en los últimos 20 años han llevado al legislador a modificar las manera en la que se pueden colocar los recursos públicos, esta rigurosidad también ha generado un visible entorpecimiento en la ejecución de los programas más importantes que las instituciones dirigidas a esa parte de la sociedad más vulnerable.

Si bien la nueva ley hace mucho más rigurosa, pública y participativa la contratación de los bienes y servicios necesarios para cumplir los objetivos institucionales, también debemos indicar que entraba de manera rigurosa muchos de los procesos debido a que el mismo legislador desconoce la “carpintería” que la ejecución de muchos de esos programas conlleva.

Hoy nos indican que dicha ley cuenta con 72 propuestas de modificación… “72”.

¿Es esto lógico?

¿Por qué no se sometió a un análisis de todos los sectores antes de redactar el documento final?

¿Por qué es que hasta que la ley va a ser conocida en plenario para ser aprobada, los sectores involucrados y que tienen injerencia lo conocen?

Ya todo esto es muy lamentable pues este 2023 lo veremos trabado en la ejecución de programas fundamentales del sector municipal y otras organizaciones que trabajan para beneficio social, pero debe permitir que de una vez por todas nuestros “padres de la patria” se preocupen por crear un procedimiento nuevo de análisis, creación, formulación, revisión, puesta a prueba, y finalmente presentación para ser conocido en plenario, de cada proyecto de ley.

Por: Lic. Fabio Escalante MBA
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